Ciudad Juárez, Chihuahua.- La familia de Arturo E. P., uno de los dos hombres acusados por el secuestro de 11 personas migrantes, pidió su libertad al sostener que es inocente y que se encontraba en el inmueble únicamente para terminar trabajos de albañilería.
El juez federal José Avelino Orozco Córdova resolverá la situación jurídica de Arturo y de Abel C. G., alias “El Güero”. Ambos fueron acusados por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de secuestro agravado, delincuencia organizada y portación de armas de fuego y cartuchos.
Uno de los hijos de Arturo afirmó que su padre acudió la tarde del 26 de septiembre a una vivienda de la colonia Ampliación Felipe Ángeles para concluir la colocación de loseta en un baño. Según su versión, el trabajador estaba en un cuarto contiguo al espacio donde fueron encontradas las víctimas.
“Detuvieron a un inocente sin pruebas”, declaró el familiar. Agregó que Arturo nunca tuvo armas ni relación con el secuestro y que vecinos de la zona lo conocen por trabajar como albañil.
La acusación contra los detenidos
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal llegaron al domicilio ubicado en las calles Toro y Privada de Toros durante labores de vigilancia. En la propiedad fueron rescatadas 11 personas en situación de movilidad, quienes señalaron que permanecían secuestradas y eran sometidas a torturas.
La versión familiar contrasta con la acusación presentada durante la audiencia inicial. La Fiscalía relacionó a Arturo con el inmueble porque había efectuado labores de mantenimiento y fue localizado dentro de la propiedad durante el operativo, cerca de un arma larga con mira telescópica.
De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público, las víctimas permanecieron privadas de la libertad del 20 al 26 de septiembre. Entre ellas había una persona mexicana y ciudadanos de Honduras, Ecuador y Guatemala, además de dos menores de 12 y 14 años.
La representación social señaló que los captores habrían exigido a sus familiares pagos de hasta 25 mil dólares mediante mensajes y videos. Algunos familiares realizaron depósitos que alcanzaron los 200 mil pesos.
La familia de Arturo rechaza que su presencia en la vivienda implique su participación en los delitos. Corresponderá al juez determinar si existen elementos para vincularlo a proceso o modificar su situación jurídica.
