CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua.— Una jueza de control negó por segunda ocasión una solicitud de cateo para ingresar a una vivienda donde presuntamente se encontraba Mario Gabriel P. P., acusado de violación y abuso sexual agravado en perjuicio de su hija de cinco años.
La petición fue presentada el domingo ante la jueza Denisse Jiménez y tenía como objetivo permitir el acceso de agentes ministeriales a un domicilio de la colonia Álamos de San Lorenzo. En ese lugar se había reportado la posible presencia del señalado.
De acuerdo con la información disponible sobre la resolución, la juzgadora consideró que los datos entregados no demostraban que el acusado permaneciera encerrado en el inmueble. También señaló que la Fiscalía no detalló las acciones emprendidas para localizarlo y detenerlo fuera de una propiedad privada.
La resolución sostiene que un cateo no puede sustituir las labores de localización y aprehensión. También cuestiona que se solicite reiteradamente la autorización judicial utilizando los mismos elementos.
La representación legal de la menor calificó la determinación como deficiente. Sus abogados cuestionaron que tampoco se explicara suficientemente la negativa para asegurar teléfonos celulares y computadoras contemplados dentro de la diligencia solicitada.
El caso también generó señalamientos sobre posibles vínculos entre personas cercanas al acusado y trabajadores judiciales. El reporte original señala que, mediante información recibida anónimamente, se indicó que la pareja sentimental de Mario Gabriel P. P. laboraría en el Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, ese dato, por sí solo, no acredita intervención, complicidad o influencia en las resoluciones.
La madre de la niña informó que presentó la denuncia el 4 de agosto y que dos días después fue emitida la orden de aprehensión. Los asesores jurídicos indicaron que el acusado promovió un amparo el mismo día de la orden de captura y posteriormente inició un segundo juicio de amparo.
La audiencia constitucional relacionada con ese último procedimiento está programada para el 25 de septiembre. Mientras tanto, la orden de aprehensión continúa vigente: el señalado puede ser detenido si es localizado en la vía pública, pero los agentes requieren autorización judicial para ingresar a una propiedad privada.
Hasta el cierre del reporte, Mario Gabriel P. P. no había sido detenido.
