Carlos Slim Helú volvió a colocar el retiro laboral en el centro de la discusión al proponer que la edad de jubilación en México aumente hasta los 75 años, una postura que ha generado opiniones divididas.
El dueño de América Móvil y Grupo Carso sostiene que la medida respondería al aumento de la esperanza de vida y a la presión financiera que enfrentan los sistemas de pensiones. Su argumento es que las personas viven más tiempo y, por lo tanto, permanecen jubiladas durante más años que en décadas anteriores.
Según su planteamiento, esta situación eleva el gasto destinado a sostener las pensiones del IMSS, ISSSTE y fondos gubernamentales de retiro, mientras disminuye proporcionalmente la cantidad de trabajadores que realizan aportaciones.
Actualmente, las condiciones para acceder a una pensión cambian según la institución, el régimen y el historial de cotización. El IMSS contempla la pensión por cesantía desde los 60 años y la pensión por vejez a partir de los 65 años, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.
En el caso del ISSSTE, el material de referencia señala edades mínimas de 56 años para mujeres y 58 para hombres bajo determinadas condiciones. Esto significa que la propuesta de Slim representaría un cambio considerable frente a los esquemas mencionados.
El empresario también considera que la economía debe apoyarse principalmente en la generación de empleo, en lugar de ampliar el gasto en programas sociales. Como ejemplo, ha mencionado los problemas que enfrentan algunos países europeos para financiar sus sistemas de retiro ante el envejecimiento de la población.
La idea de trabajar hasta los 75 años está acompañada por otra propuesta: reducir la semana laboral a tres días, con jornadas de 11 o 12 horas. Slim afirma que ese modelo disminuiría el total de horas semanales, mejoraría la calidad de vida y permitiría generar más empleos sin reducir salarios.
Por ahora, se trata de planteamientos del empresario. El material disponible no reporta una reforma aprobada ni una fecha para su aplicación. Cualquier modificación al sistema de pensiones tendría que pasar por los procesos legales e institucionales correspondientes.
