ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, Estado de México.— Diego Sebastián “N”, principal sospechoso del multihomicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, y de integrantes de su familia, podría enfrentar una pena de entre 40 y 70 años de prisión o prisión vitalicia si es declarado culpable.
El sospechoso fue detenido junto con Gerardo “N” después de los hechos ocurridos en un departamento del residencial Gran Viure, ubicado en la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza. Ambos son señalados como probables responsables mientras continúa el procedimiento penal.
¿Qué establece la legislación mexiquense?
Debido a que el multihomicidio ocurrió en territorio mexiquense, una eventual condena tendría que determinarse con base en el Código Penal del Estado de México.
El artículo 242 establece para el homicidio calificado una sanción de 40 a 70 años de prisión o prisión vitalicia, además de una pena económica. La misma disposición considera ese rango cuando se acredita el homicidio de dos o más personas, ya sea en un solo acontecimiento o en hechos distintos.
Sin embargo, esto no significa que Diego Sebastián “N” vaya a recibir necesariamente alguna de esas penas. Corresponde al Ministerio Público definir los delitos que buscará imputar y presentar las pruebas. Posteriormente, un tribunal deberá determinar si existe responsabilidad penal y qué sanción procede.
Investigan una posible disputa económica
La Fiscalía mexiquense investiga el ataque ocurrido dentro de la vivienda. Las autoridades han señalado que uno de los detenidos tenía una relación de confianza con una de las víctimas, circunstancia que habría facilitado su ingreso al inmueble.
Una de las líneas sobre el posible móvil apunta a un conflicto financiero. Inicialmente se mencionó una cantidad cercana a 300 mil pesos, aunque después circularon versiones sobre dinero en dólares y criptomonedas. Estas hipótesis todavía deben ser acreditadas durante la investigación y, en su caso, ante un juez.
La muerte de la mascota de la familia deberá analizarse por separado conforme a las disposiciones estatales sobre protección y bienestar animal. Por ahora, Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” conservan la presunción de inocencia, pues no existe una sentencia que determine su culpabilidad.
