Liquidar una deuda podría reflejarse con mayor rapidez en el historial financiero de los usuarios si avanza una reforma analizada en la Cámara de Diputados. La propuesta busca modificar las reglas aplicables a las sociedades de información crediticia para evitar que errores administrativos o la venta de cartera prolonguen los efectos de un adeudo.
El proyecto se encuentra bajo análisis de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Uno de sus principales impulsores es el diputado del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja, quien planteó desde noviembre de 2025 reducir de 72 a 36 meses algunos periodos relacionados con la conservación de información crediticia.
Entre los cambios considerados se encuentra obligar a bancos, tiendas departamentales y comercios a informar oportunamente cuando un cliente liquide un adeudo. La iniciativa también contempla sanciones para los acreedores que no actualicen o corrijan los registros correspondientes.
Venta de cartera no reiniciaría el plazo
La reforma también aborda lo que ocurre cuando una institución financiera vende una deuda vencida a otra empresa o a un despacho de cobranza. El objetivo es impedir que esa operación sea utilizada para cambiar la fecha original del incumplimiento.
De aprobarse en los términos planteados, una transferencia, reestructura o venta del adeudo no generaría un nuevo punto de partida para contar el tiempo durante el cual permanece la información negativa. Los promotores consideran que esto evitaría una especie de “cadena perpetua financiera” para quienes enfrentaron dificultades económicas y después regularizaron sus pagos.
Mayor claridad sobre el score crediticio
El proyecto incluye mecanismos de rehabilitación financiera para las personas que hayan solucionado sus problemas de pago, además de procedimientos para facilitar la corrección de datos incorrectos.
Otro cambio propuesto consiste en transparentar la forma en que se calcula el score crediticio. Las sociedades de información crediticia tendrían que explicar con mayor claridad los factores que influyen en la calificación y las acciones que pueden ayudar a mejorarla.
La propuesta todavía debe avanzar en el proceso legislativo. Por ello, los plazos y obligaciones mencionados no representan aún reglas vigentes para bancos, comercios o usuarios.
