
Parral, Chihuahua.– Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) detuvieron a un hombre que contaba con una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito que atenta contra el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
La Fiscalía de Distrito Zona Sur identificó al detenido como Ángel David C. C., de 24 años. La intervención se realizó en calles de la colonia Centro de la ciudad de Parral.
De acuerdo con los antecedentes difundidos por la autoridad investigadora, el hombre presuntamente incumplió durante más de un año con la obligación de proporcionar los medios y recursos necesarios para el desarrollo y la manutención de su hija.
Señalan incumplimiento de mayo de 2024 a noviembre de 2025
El periodo señalado en la investigación comprende de mayo de 2024 a noviembre de 2025. La obligación alimentaria, según la información disponible, deriva tanto de la filiación como de una resolución judicial.
Con estos antecedentes, un juez de Control emitió la orden de aprehensión correspondiente. Agentes de la AEI adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur cumplimentaron el mandato judicial después de localizar al hombre en la zona Centro de Parral.
Tras su detención, Ángel David C. C. quedó a disposición del juez que lo requería. Será en la audiencia correspondiente donde la representación social formule los cargos en su contra y presente los datos relacionados con la investigación.
Un juez determinará su situación jurídica
La detención y la formulación de cargos forman parte de las etapas iniciales del proceso penal. La autoridad judicial deberá revisar los elementos expuestos por el Ministerio Público y resolver la situación jurídica del detenido conforme avance el procedimiento.
Hasta el momento, la información proporcionada no detalla el monto de los recursos presuntamente omitidos, la fecha en que fue emitida la orden de aprehensión ni el resultado de la audiencia judicial.
El señalamiento contra el detenido no constituye una sentencia condenatoria. La responsabilidad penal deberá ser determinada por la autoridad judicial competente, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.



