PIEDRAS NEGRAS, Coahuila.— Vendedores de automóviles denunciaron que presuntos pagos de entre 5 mil y 15 mil pesos permitirían ingresar vehículos usados desde Estados Unidos sin completar el procedimiento legal de importación en aduanas de la frontera norte, después de que concluyó el programa federal de regularización de autos “chocolate”.
Los testimonios, recopilados por El Horizonte y proporcionados bajo condición de anonimato, sostienen que introductores de unidades establecerían contacto previo con personal de los puentes internacionales para informar la fecha del cruce, así como el modelo y las características del automóvil.
Sin embargo, las acusaciones no han sido confirmadas por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). Tampoco se presentaron denuncias, expedientes o resoluciones que permitan establecer cuántos vehículos habrían ingresado mediante este supuesto mecanismo ni la identidad de posibles involucrados.
Así operarían los presuntos pagos
Uno de los vendedores consultados afirmó que los introductores presuntamente “se ponen de acuerdo” con personal de los cruces antes de llevar el vehículo hacia México. El monto solicitado dependería del modelo, año y tipo de unidad, de acuerdo con las versiones difundidas.
Los automóviles serían trasladados posteriormente a municipios alejados de la frontera o a entidades del centro y sur del país, donde se ofrecerían a precios inferiores a los de vehículos importados legalmente.
Los entrevistados también señalaron que algunas unidades tendrían antecedentes de accidentes, daños o siniestros en Estados Unidos. No obstante, no aportaron documentación que permita conocer cuántas contarían con títulos alterados o registros de pérdida total.
Rechazaron 9 mil 500 trámites en Baja California
El cierre del esquema simplificado dejó procedimientos inconclusos en diferentes entidades. En Baja California estaban registrados 10 mil 30 vehículos con trámites pendientes, pero únicamente 500 cumplieron con todos los requisitos, según la información proporcionada por autoridades estatales.
José Andrés Pulido Saavedra, secretario de Hacienda de Baja California, explicó que los otros 9 mil 500 expedientes fueron rechazados porque las unidades ingresaron al país después del 19 de octubre de 2021 o debido a irregularidades en sus títulos de propiedad.
El funcionario indicó que el gobierno estatal orientará a los propietarios para que puedan realizar una importación mediante el esquema ordinario. También anunció apoyo para quienes busquen recuperar los 2 mil 500 pesos pagados al iniciar el procedimiento, aunque la devolución está sujeta a requisitos fiscales, entre ellos contar con e.firma.
Los 500 expedientes aprobados continuarán hacia la etapa final. Sus propietarios serán contactados para concluir el proceso correspondiente.
Terminó el programa simplificado, pero continúa la importación legal
El programa de regularización fue eliminado mediante un decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum publicado el 31 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación. El mecanismo había sido implementado durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La conclusión del programa no impide importar legalmente vehículos usados. Las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2026 mantienen procedimientos de importación definitiva para unidades que cumplan las condiciones de antigüedad, procedencia y documentación, además del pago de las contribuciones aplicables.
La diferencia es que la regularización otorgaba facilidades a determinados automóviles que ya se encontraban en territorio mexicano. La importación ordinaria, en cambio, requiere tramitar legalmente la entrada de la unidad mediante un pedimento y cumplir las obligaciones aduaneras.
Riesgos por ingresar vehículos de forma irregular
La ANAM advierte que incumplir la legislación aduanera puede provocar pérdidas económicas, el aseguramiento del automóvil y, dependiendo de la gravedad del caso, la presentación de las personas involucradas ante el Ministerio Público federal.
Ofrecer o entregar dinero a un servidor público para que realice u omita un acto relacionado con sus funciones puede constituir el delito de cohecho. La responsabilidad puede alcanzar tanto a quien recibe el pago como a quien lo ofrece.
Los posibles actos de corrupción en aduanas pueden reportarse mediante el sistema de quejas y denuncias de la ANAM, donde es posible describir los hechos, identificar la aduana involucrada y obtener un folio de seguimiento. La dependencia señala que la información proporcionada se maneja de forma confidencial.
