Guanajuato.– Un tribunal de enjuiciamiento dictó una sentencia acumulada de mil 18 años y cuatro meses de prisión contra el abogado Edgar Francisco Franco Ríos, tras encontrarlo culpable de fraude en perjuicio de 107 personas en el estado de Guanajuato.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, se trata de la condena más alta impuesta en la historia judicial de la entidad.
Las investigaciones establecieron que el ahora sentenciado operaba a través del despacho jurídico “Punto Legal”, desde donde ofrecía inmuebles a precios atractivos y convencía a los compradores de realizar pagos en efectivo bajo la promesa de entregarles propiedades.
La autoridad ministerial acreditó que utilizó diversos mecanismos para engañar a las víctimas, ofertando casas sobre las que no tenía facultades legales de venta y que tampoco se encontraban sujetas a procesos judiciales que justificaran los supuestos remates.
Según las denuncias, las propiedades eran promocionadas mediante redes sociales y plataformas de compraventa en línea, donde se ofrecían viviendas por cantidades que oscilaban entre los 200 mil y 250 mil pesos, acompañadas de documentación que aparentaba estar respaldada por fedatarios públicos.
La Fiscalía informó que el tribunal emitió dos sentencias condenatorias durante junio de 2026. La primera fue de 438 años y cuatro meses de prisión, mientras que la segunda alcanzó los 580 años de cárcel, acumulando una pena total de mil 18 años y cuatro meses.
No obstante, la legislación penal vigente en Guanajuato establece un límite máximo de cumplimiento efectivo de 80 años de prisión.
Además de la condena privativa de libertad, el tribunal ordenó al sentenciado reparar el daño causado a las víctimas mediante el pago de más de 33 millones de pesos.
La resolución contempla 29 millones 923 mil 100 pesos por concepto de daño material, 3 millones 326 mil 490 pesos por daño moral y 148 mil 500 pesos por perjuicios ocasionados.
El fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, calificó la resolución como una sentencia histórica y destacó que uno de los principales objetivos fue garantizar la restitución económica a las personas afectadas por el esquema fraudulento.
