El caso de Uriel Alejandro Giménez reabre el debate sobre violencia juvenil, narcotráfico y responsabilidad del Estado
Rosario, Santa Fe.–
Un menor de 12 años perdió la vida la tarde del martes luego de un enfrentamiento armado con policías en la zona norte de Rosario, un hecho que ha generado fuerte conmoción social y amplia repercusión en redes sociales.
De acuerdo con información difundida por medios locales y autoridades, el menor, identificado como Uriel Alejandro Giménez, viajaba a bordo de un Fiat Uno Van Fire junto a otros dos sujetos cuando intentaron evadir a las fuerzas de seguridad. Al notar que eran perseguidos, los ocupantes del vehículo habrían abierto fuego contra los policías, lo que derivó en un intercambio de disparos.
Durante el tiroteo, el niño resultó gravemente herido y posteriormente falleció, confirmaron fuentes oficiales.
Contexto de violencia y narcotráfico
El hecho ocurrió en un escenario marcado por la alta conflictividad vinculada al narcotráfico y la delincuencia juvenil, problemática que desde hace años afecta a Rosario, una de las ciudades con mayores índices de violencia armada en Argentina.
Fuentes extraoficiales señalan que el menor podría estar vinculado a bandas de narcomenudeo en barrios populares; sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.
Despedida en redes sociales
Tras darse a conocer la noticia, familiares y personas cercanas al niño publicaron mensajes de despedida en Instagram, utilizando el hashtag #UriPorSiempre.
Una de las publicaciones más difundidas fue la de su hermana, quien escribió:
“Mi amor de la hermana, me dejaste destrozada. Te amo por el resto de mi vida. Descansa en paz”.
En algunas imágenes compartidas se observa al menor portando armas y a bordo de motocicletas, lo que incrementó la polémica en torno al caso.
Debate social y responsabilidad del Estado
El episodio reavivó el debate público sobre la responsabilidad del Estado en la contención de menores en situación de vulnerabilidad, la exposición temprana a la violencia, así como la formación policial en el uso de armas letales.
Diversos sectores sociales y políticos han señalado que este tipo de hechos son consecuencia de años de políticas de seguridad cuestionadas, además de la falta de programas integrales de prevención para niños y adolescentes en contextos de exclusión.
Las investigaciones continúan para esclarecer completamente las circunstancias del enfrentamiento y deslindar responsabilidades.