El nuevo programa busca reducir la estadía ilegal de visitantes temporales
WASHINGTON — El gobierno de Estados Unidos dio a conocer una propuesta que podría cambiar de forma drástica el proceso para obtener visas de turismo y negocios tipo B-1/B-2. A través del Departamento de Estado, se anunció un programa piloto que impondría un depósito reembolsable de hasta 15 mil dólares a ciudadanos de países con altas tasas de permanencia ilegal o deficiencias en controles documentales.
¿En qué consiste el programa?
La medida, publicada en el Registro Federal, está diseñada para disuadir a los viajeros de exceder el tiempo de estadía autorizado en Estados Unidos. El plan piloto:
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Tendrá una duración de 12 meses
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Iniciará 15 días después de su publicación oficial este 5 de agosto de 2025
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Se aplicará solo a ciertos solicitantes de países considerados de alto riesgo migratorio
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Establecerá tres niveles de cobro: 5 mil, 10 mil o hasta 15 mil dólares, dependiendo del perfil del solicitante
El dinero se devuelve si cumplen con la visa
Según las autoridades estadounidenses, el monto depositado será devuelto en su totalidad si el visitante abandona el país antes de que expire su visa.
No obstante, si se queda más tiempo del permitido, perderá el depósito y enfrentará restricciones futuras.
Este nuevo mecanismo no aplicará a países incluidos en el Programa de Exención de Visas (Visa Waiver Program), como España, Reino Unido, Alemania o Japón, cuyos ciudadanos pueden entrar a EE.UU. sin necesidad de visa por estadías cortas.
Críticas y preocupaciones
Organizaciones de derechos humanos y expertos en política migratoria ya comenzaron a cuestionar la propuesta, señalando que podría afectar a viajeros legítimos de bajos recursos y acentuar la desigualdad de acceso a los servicios consulares.
A pesar de ello, el gobierno de Joe Biden asegura que se trata de una herramienta para “probar enfoques alternativos” que ayuden a reducir los índices de overstay, es decir, quienes se quedan más allá del tiempo permitido.
El Departamento de Estado será el encargado de decidir caso por caso si el cobro aplica y cuál será su monto, según el nivel de riesgo de cada solicitante.
