Solo 27 cuerpos han sido identificados; 1,700 personas buscan a sus fallecidos entre el horror funerario
CIUDAD JUÁREZ — Ha pasado un mes desde que se descubrieron los 386 cuerpos embalsamados y abandonados en condiciones deplorables dentro del crematorio Plenitud, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua. Lo que parecía una funeraria más, operando con normalidad, escondía una de las mayores tragedias sanitarias y humanas en la historia reciente del estado.
El 28 de junio, elementos policiacos ingresaron a las instalaciones tras recibir denuncias ciudadanas. Lo que encontraron fue aterrador: 213 hombres, 165 mujeres y 8 cuerpos de sexo indeterminado apilados sin las mínimas condiciones sanitarias. Algunos estaban embalsamados, otros en avanzado estado de descomposición. Ninguno, incinerado.
Dos detenidos, pero muchas preguntas sin respuesta
A la fecha, dos personas han sido vinculadas a proceso penal: el dueño del crematorio, José Luis A.C., y su trabajador, Facundo Teófilo M.R., por los delitos de ocultamiento y conservación ilícita de cuerpos humanos. Sin embargo, ningún funcionario público ha sido sancionado, a pesar de que las instalaciones operaban sin permisos ni inspecciones desde hace más de tres años.
Las autoridades estatales han prometido investigaciones, pero no hay reportes claros ni avances significativos sobre la posible responsabilidad administrativa o penal de funcionarios municipales y estatales que habrían permitido esta omisión sistemática.
Familias aún esperan respuestas
Solo 27 cuerpos han sido identificados oficialmente por la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, y 13 de ellos ya han sido entregados a sus familias. El resto, 359 cuerpos, sigue sin nombre, sin historia y sin justicia.
Desde el hallazgo, más de 1,700 personas han acudido a la Fiscalía con la esperanza de encontrar a sus familiares desaparecidos o fallecidos que alguna vez fueron entregados a servicios funerarios en Ciudad Juárez. 1,150 de ellas están directamente relacionadas con el crematorio Plenitud, mientras que otras 550 provienen de otros casos o funerarias bajo sospecha.
Se forma el colectivo Justicia para Nuestros Deudos
En medio del dolor, ha surgido una organización ciudadana de familiares, que exige una investigación amplia, imparcial y sin encubrimientos. El colectivo Justicia para Nuestros Deudos ha emitido un pliego petitorio a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, en el que demandan:
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Una reforma a la Ley General de Salud para establecer el derecho a la dignidad post mortem.
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Sanciones y destitución de funcionarios públicos que permitieron o encubrieron estas prácticas.
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Ampliación del equipo forense y contratación de un laboratorio externo para validar la identidad de los cuerpos y cenizas entregadas anteriormente.
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Supervisión efectiva de todos los servicios funerarios del estado, no solo en Juárez.
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Mecanismos de reparación integral para las familias afectadas, incluyendo apoyo psicológico y legal.
Otro caso sale a la luz
Días después del hallazgo en Plenitud, surgió otro escándalo: en la funeraria Del Carmen, también de Ciudad Juárez, se encontraron tres cadáveres abandonados, dos de ellos menores de edad, reviviendo el dolor de muchas familias y mostrando un problema estructural de vigilancia y regulación en el sistema funerario local.
El silencio institucional persiste
Pese al clamor social, la gobernadora Campos Galván no ha sostenido reuniones públicas con los deudos ni ha dado a conocer un plan concreto para atender la crisis. En su última visita a la ciudad, evitó el contacto directo con las familias afectadas, lo que provocó protestas y declaraciones de que “la justicia no puede esperar más”.
Mientras tanto, el crematorio Plenitud permanece clausurado, custodiado por elementos municipales, y las familias siguen peregrinando en busca de respuestas, identidad y justicia.
