Vecinos reportaron entrada de carrozas fúnebres; FGE mantiene vigilancia permanente
CIUDAD JUÁREZ.– El caso de la Funeraria Del Carmen sigue escalando. Este jueves 24 de julio, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Policía Municipal permanecen en espera de una segunda orden de cateo para ingresar a un domicilio ubicado en la colonia Arroyo Colorado, presuntamente ligado al escándalo por ocultamiento ilegal de cadáveres.
La propiedad en cuestión se encuentra en la calle Latón, casi esquina con Mariano Samaniego, y, según reportes vecinales, era habitual ver carrozas fúnebres entrar y salir del lugar, incluso en horarios inusuales, lo que generó sospechas y llevó a las autoridades a intervenir.
Podría haber hasta tres cuerpos en el interior
Aunque no hay confirmación oficial, fuentes cercanas a la investigación indican que en el interior del domicilio podrían encontrarse hasta tres cuerpos humanos, posiblemente embalsamados o en estado de conservación anómala, lo que agravaría las imputaciones contra los responsables de la funeraria.
La casa estaría vinculada con uno de los copropietarios del negocio, quien ya enfrenta un proceso penal por delitos relacionados con el manejo indebido de cadáveres y condiciones insalubres en el establecimiento.
El cateo fue solicitado por segunda vez
El operativo inició desde la tarde del miércoles, pero debido a restricciones legales, el equipo forense aún no ha podido ingresar al interior de la vivienda, por lo que se mantiene un cerco policial en los alrededores.
Mientras tanto, agentes ministeriales y personal del Servicio Médico Forense (Semefo) ya están preparados para actuar en cuanto la orden sea autorizada.
Una red de embalsamamiento clandestino
El caso de la Funeraria Del Carmen ha expuesto posibles prácticas ilegales como el ocultamiento de cuerpos, embalsamamientos no regulados y almacenamiento indebido de restos humanos, con señalamientos que ahora se extienden a domicilios particulares ligados a sus propietarios.
Este nuevo cateo podría confirmar la existencia de una red clandestina de tratamiento de cadáveres, lo que pondría en jaque a las autoridades reguladoras y elevaría el caso a nivel federal.
