Están bajo investigación por inflar perfiles en YouTube, Facebook e Instagram con ayuda del crimen organizado
Ciudad de México.– La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha puesto la lupa sobre al menos 64 influencers de redes sociales que operan presuntamente como parte de un esquema de lavado de dinero para grupos criminales del Cártel de Sinaloa, reveló este martes el portal Milenio.
Los llamados “narco influencers” estarían usando plataformas como YouTube, Facebook e Instagram para inflar artificialmente sus perfiles y monetizar con contenido aparentemente inofensivo, pero con ganancias que serían entregadas directamente a células del narcotráfico.
Cómo opera el esquema
Según la investigación, estos creadores de contenido inflan su audiencia a través de bots, clics comprados y promoción cruzada, generando cifras millonarias en visualizaciones. Con ello, acceden a pagos considerables por publicidad de las plataformas digitales, mismos que terminan financiando actividades criminales como la compra de armas, vehículos, municiones y el pago de sobornos.
Una fuente interna de la UIF citada por Milenio explicó:
“Es un esquema simple de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero que habíamos tardado en descubrir porque hay poca regulación sobre redes sociales”.
Cuentas bancarias serán congeladas
Ya se cuenta con una primera lista de perfiles identificados, y la UIF prepara sanciones además de congelamiento de cuentas bancarias para evitar que los recursos lleguen a manos de los grupos criminales.
Las autoridades no han revelado los nombres de los influencers implicados, pero se sabe que algunos operan desde zonas como Culiacán, Mazatlán, Navolato y Los Mochis, y que muchos de ellos presumen lujos y estilo de vida ostentoso sin justificación legal aparente.
¿Qué dice la ley sobre esto?
La legislación mexicana actual tiene lagunas importantes en la regulación de influencers, sobre todo en cuanto a la procedencia de sus ingresos y uso de plataformas extranjeras para monetización.
Esta operación representa un nuevo frente para la UIF, que hasta ahora había concentrado sus esfuerzos en esquemas más tradicionales de lavado de dinero, como el uso de prestanombres, factureras y empresas fantasma.
