Dolientes denuncian fraude, omisiones y corrupción tras hallazgo de 383 cuerpos en estado de descomposición
Ciudad Juárez.– A diez días del escándalo nacional por el hallazgo de 383 cuerpos en estado de descomposición dentro del crematorio Plenitud, familias afectadas por los servicios funerarios ofrecidos por Latinoamericana, Del Carmen, Luz Divina, Protecto Deco y Amor Eterno comienzan a organizarse para emprender acciones legales contra todos los responsables: funerarias, autoridades y órganos reguladores.
Entre el dolor, la indignación y la incertidumbre, los afectados han formado redes de apoyo mutuo, donde comparten experiencias, documentación y estrategias legales para exigir justicia, identificar a sus seres queridos y demandar el reembolso de servicios incumplidos.
“La impotencia y el coraje se tienen que convertir en fortaleza. No puede ser que la corrupción permita el fraude y ese fraude el maltrato a nuestros difuntos”, expresó Dora Elena, quien logró confirmar la autenticidad de las cenizas de su esposo, pero no perdona la angustia vivida.
Fraude y mentiras: funerarias sin crematorio propio
Diversos testimonios evidencian que muchas funerarias ofrecían cremación directa sin contar con hornos propios o con equipo en funcionamiento, lo que representa una grave falta administrativa y un fraude al consumidor.
Una familia que contrató el servicio a futuro en funeraria Latinoamericana explicó que en diciembre de 2024, cuando falleció su abuelo, usaron el paquete contratado. Creían que el cuerpo fue cremado en el sitio, pero descubrieron días después que la empresa usó otros hornos sin notificarlo, lo que les causó semanas de angustia hasta confirmar la identidad de las cenizas.
“La funeraria aseguró tener horno propio, y por eso confiamos. Pero luego borraron teléfonos, cerraron comunicación y Coespris suspendió el negocio. Fue un balde de agua fría para mi madre”, relató Dafne, nieta del difunto.
Caso más grave: cuerpo de víctima de homicidio fue cremado ilegalmente
Una situación aún más delicada ocurrió con José María Iglesias Martínez, de 23 años, asesinado en mayo. Su cuerpo fue entregado a funeraria Del Carmen, que cobró 38 mil pesos y prometió la cremación en El Paso, Texas. Sin embargo, investigaciones revelaron que el cuerpo nunca cruzó la frontera, lo cual es legalmente imposible sin trámites consulares y visa para el fallecido.
La familia recibió cenizas sin saber en qué horno fue incinerado, y acusan a la funeraria de mentir e incumplir con la ley, ya que está prohibida la cremación de víctimas de homicidio doloso sin el cierre de investigación. Tampoco les han informado si las cenizas corresponden a su ser querido.
Denuncian corrupción entre funerarias y autoridades
Trabajadores del gremio funerario reconocen que “la corrupción siempre ha existido” entre funerarias y autoridades como el Ministerio Público, Semefo, Registro Civil y Coespris.
“El negocio de la muerte ha sido muy redituable y ha dado para todos”, afirmaron trabajadores conocidos como “levantamuertos”, que ahora ven venir quiebras, cancelaciones de contratos a futuro y demandas colectivas.
Exigen reformas legales y justicia restaurativa
Encabezados por mujeres como Dora Elena, los afectados no sólo buscan respuestas, también exigen reformas legales que obliguen a las funerarias a operar bajo estrictas regulaciones y que se castigue a quienes violen la ley.
“Esto se acabó. Vamos por la justicia restaurativa. Las familias no vamos a permitir que esto quede impune”, advirtió.
Fiscalía bajo presión
Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE) continúa con las labores de identificación de los cuerpos. Hasta el cierre de esta edición, no se había entregado ni un solo cadáver a sus familiares, y este domingo se suspendió la atención al público, pues los peritos del estado se tomaron un día de descanso, pese a lo que la propia institución ha catalogado como una “catástrofe humanitaria”.
Un perito comparó la magnitud del trabajo con un accidente aéreo masivo, por la complejidad de los restos y la falta de registros adecuados.