Cobraron hasta 40 mil pesos por cremaciones que nunca hicieron; cuerpos fueron apilados en secreto
CIUDAD JUÁREZ.– La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que cinco funerarias están siendo investigadas por su presunta participación en un fraude masivo relacionado con el Crematorio Plenitud, donde se descubrieron cientos de cadáveres apilados en estado de descomposición.
De acuerdo con Carlos Manuel Salas, fiscal de Distrito en la Zona Norte, los establecimientos cobraban entre 30 y 40 mil pesos a las familias por servicios de cremación que nunca se realizaron, y en su lugar se entregaban cenizas falsas.
383 cuerpos en condiciones inhumanas
La carpeta de investigación se fortalece con el hallazgo de al menos 383 cuerpos almacenados en condiciones insalubres dentro del crematorio, sin haber sido procesados conforme a los protocolos legales y sanitarios. Los hechos salieron a la luz a raíz de denuncias ciudadanas y una inspección que confirmó el macabro hallazgo.
“El delito se configurará una vez que se identifiquen los primeros cuerpos”, explicó el fiscal Salas, quien detalló que 579 personas ya acudieron a las instalaciones de la Fiscalía para intentar identificar a sus familiares desaparecidos o fallecidos.
El empleado clave y la muerte del dueño
Uno de los elementos clave en la investigación es Facundo Martínez, empleado detenido que trabajó más de 40 años con José Luis Arellano Cuáron, propietario del crematorio. Según versiones extraoficiales recabadas por la Fiscalía, tras la muerte del dueño, Arellano dejó de cremar cuerpos para simplemente amontonarlos en el local y continuar cobrando los servicios.
“Se dedicó a cobrar y a amontonar los cadáveres”, declaró Salas en entrevista nacional, señalando que durante al menos tres años, el negocio se mantuvo engañando a las familias, mientras acumulaba restos humanos sin ningún control ni ética profesional.
¿Qué delitos enfrentan?
Los responsables podrían enfrentar cargos por fraude, delitos contra el respeto a los muertos, falsificación y responsabilidad sanitaria, entre otros. La FGE también analiza la posible complicidad de funcionarios o personal médico que haya avalado actas de defunción para estos procedimientos.
El caso ha causado indignación nacional e internacional, tanto por la magnitud del fraude como por el nivel de inhumanidad en el manejo de cuerpos. Además, revive la discusión sobre la regulación del sector funerario y la falta de supervisión gubernamental.
