Washington, D.C.– En una decisión histórica y polémica, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió este viernes que el presidente Donald Trump ponga en marcha su orden ejecutiva para eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento en 28 estados del país. El fallo fue aprobado por una mayoría de 6 votos contra 3, alineados en su mayoría bajo criterios ideológicos.
La decisión no se pronuncia sobre la constitucionalidad de la medida, pero autoriza su implementación temporal mientras continúan los litigios legales en otras jurisdicciones del país. El dictamen fue redactado por la jueza Amy Coney Barrett, y establece que la medida entrará en vigor en 30 días, a menos que otro tribunal emita una suspensión válida.
La orden afecta a hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en EE.UU.
La orden ejecutiva fue firmada por Trump el 20 de enero de 2025, en su primer día de su segundo mandato. Busca revocar automáticamente la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio estadounidense, lo que representa un desafío directo al principio constitucional de jus soli (ciudadanía por nacimiento), establecido en la Enmienda 14 de la Constitución.
El gobierno ha argumentado que los jueces federales no deberían tener la facultad de bloquear políticas a nivel nacional, una práctica conocida como “medidas cautelares de alcance nacional”, lo que también fue objeto de debate en esta resolución.
Críticas y litigios en curso
22 estados liderados por demócratas, junto a organizaciones defensoras de migrantes, presentaron impugnaciones legales a la orden, alegando que es claramente inconstitucional. Entre los jueces que suspendieron inicialmente la medida se encuentra John Coughenour, del estado de Washington, quien calificó la acción presidencial como “descaradamente inconstitucional“.
A pesar de las múltiples suspensiones, la Corte Suprema decidió permitir su ejecución en los 28 estados que no han interpuesto demandas, lo que deja miles de niños nacidos de inmigrantes en un limbo legal.
El futuro legal de esta medida aún es incierto, y los jueces han aclarado que el tema de fondo—la validez constitucional de restringir la ciudadanía por nacimiento—será revisado más adelante.
