MÉXICO.– El Senado de la República aprobó el dictamen que da origen a la nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que pretende modernizar la administración pública a través de la digitalización, homologación y simplificación de trámites.
La propuesta fue aprobada en lo general con 75 votos a favor y 37 en contra, mientras que en lo particular se rechazaron las reservas presentadas por legisladores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, quedando el dictamen aprobado con 63 votos a favor y 36 en contra.
¿Qué plantea la nueva ley?
Entre los objetivos principales se encuentran:
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Simplificar y digitalizar trámites y servicios.
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Establecer buenas prácticas regulatorias.
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Fortalecer las capacidades tecnológicas del gobierno.
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Facilitar el acceso de la ciudadanía a servicios públicos de forma segura, accesible y económica.
Herramientas clave que incluye la ley:
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Llave MX: Sistema de autenticación vinculado a la CURP.
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Expediente Digital Ciudadano.
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Portal Único de Trámites y Servicios.
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Repositorio Nacional de Tecnología Pública.
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Modelos Nacionales para eliminar trámites, digitalizar procesos, homologar servicios y mejorar la atención ciudadana.
Puntos de vista encontrados en el Senado:
A favor:
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Geovanna Bañuelos (PT): “Rediseña la relación entre gobierno y ciudadanía”.
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Karen Castrejón (PVEM): “Permitirá ahorrar tiempo y dinero a la población”.
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Olga Sosa (Morena): “Contribuirá a combatir la corrupción y mejorar la eficiencia”.
En contra:
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Alejandra Barrales (MC): “La agencia concentra 22 atribuciones y recopila datos sin suficientes garantías”.
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Néstor Camarillo (PRI): “Se impone un modelo centralista y se ignora a las comunidades sin acceso a internet”.
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Laura Esquivel (PAN): “Se elimina la rendición de cuentas al desaparecer órganos regulatorios”.
¿Qué sigue?
El dictamen ya fue remitido al Ejecutivo Federal para su publicación y entrada en vigor conforme al Artículo 72 constitucional.
Con esta nueva ley, el gobierno de México pretende modernizar la atención ciudadana, reducir tiempos y costos, y garantizar mayor transparencia, aunque no sin críticas por la centralización de datos y la falta de mecanismos de protección de privacidad.
