Ciudad Juárez.– La Asociación de Abogados Penalistas de Ciudad Juárez solicitará formalmente que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación del homicidio del abogado Óscar Gael Cano Rodríguez, asesinado el pasado domingo 8 de junio en el estacionamiento exterior de la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte, tras salir de una reunión con un cliente detenido.
Denuncian investigación deficiente
El presidente de la asociación, Mario Alberto Espinoza Cimental, afirmó que los litigantes penalistas consideran que la investigación realizada por la FGE ha sido deficiente o incluso nula, ya que en homicidios anteriores de abogados no ha habido detenidos ni avances concretos.
“Estamos viendo, toda vez que aquí no va a ocurrir nada… vamos a buscar la manera de que la FGR atraiga el caso”, declaró Espinoza, quien también subrayó que el asesinato de Cano fue un crimen de alto impacto, tanto por la forma como por el lugar donde ocurrió: frente a una sede estatal de procuración de justicia.
Abogados toman medidas para protegerse
Espinoza también lamentó que el entorno de inseguridad en la ciudad ha obligado a los abogados penalistas a adoptar medidas extremas de seguridad, como vehículos blindados, cámaras en despachos, incluso considerar la portación legal de armas, para proteger sus vidas.
“Antes de tomar un caso, uno mide los riesgos. No contamos con garantías, la seguridad que deberíamos tener por parte del Estado simplemente no existe”, expresó.
Rechazan estigmatización de la víctima
Respecto a los señalamientos del fiscal general del estado, César Jáuregui, quien insinuó una presunta relación del abogado asesinado con grupos criminales, el presidente de la asociación recalcó que nada justifica una ejecución, y que el derecho a la defensa legal es un principio constitucional.
“No porque una persona hubiese pertenecido —que ni siquiera es cierto— a un grupo delictivo, eso justifica que lo hayan matado”, declaró Espinoza.
Contexto de impunidad
El caso de Óscar Gael Cano no es el primero relacionado con el caso de la guardería Techo Comunitario. En julio de 2024, el abogado César Gaspar Castañeda Candelaria, también vinculado a la defensa de imputados en el mismo proceso, fue asesinado. La repetición de estos hechos ha incrementado la percepción de vulnerabilidad entre los profesionales del derecho, especialmente aquellos que litigan casos de alto perfil.
