Ciudad de México. – Ante las recurrentes quejas de pasajeros afectados por la sobreventa de boletos de avión, la diputada federal de Morena, María de los Ángeles Ballesteros, presentó una iniciativa que busca prohibir esta práctica en vuelos nacionales, y establecer sanciones económicas progresivas para las aerolíneas que reincidan.
La iniciativa propone modificar la Ley de Aviación Civil, con el fin de que los concesionarios o permisionarios queden impedidos de comercializar boletos por encima de la capacidad real de las aeronaves, una estrategia comúnmente utilizada por las aerolíneas bajo el supuesto de cancelaciones anticipadas, pero que termina afectando directamente al consumidor.
Garantizar un asiento por boleto vendido
Ballesteros subrayó que la reforma busca garantizar que cada boleto emitido corresponda a un asiento disponible, respetando los derechos del pasajero y la obligación de las aerolíneas de prestar el servicio de forma correcta.
“Queremos terminar con una práctica abusiva que ha dejado a cientos de mexicanos varados, estresados y con pérdidas económicas”, señaló la legisladora.
Multas progresivas por incumplimiento
La propuesta incluye un esquema de multas escalonadas:
-
Primera infracción: 500 UMA (aproximadamente 54 mil pesos), como advertencia.
-
Segunda infracción: 1,500 UMA (más de 162 mil pesos), señalando reincidencia.
-
Tercera infracción y subsecuentes: 5,000 UMA (cerca de 542 mil pesos), con obligación de reparar daños y perjuicios al pasajero conforme al artículo 52 de la ley.
Además de las sanciones, se establece que el pasajero afectado deberá ser compensado, lo que incluye reembolso, cambio de vuelo o indemnización por afectaciones.
Usuarios celebran iniciativa; esperan pronta aprobación
La iniciativa ya ha generado reacciones positivas entre usuarios frecuentes del transporte aéreo, quienes ven con buenos ojos una medida que proteja al consumidor frente a un problema que, si bien común, rara vez es sancionado.
Ahora, la propuesta deberá ser analizada en comisiones, y de avanzar, podría representar un parteaguas en la protección de derechos del pasajero aéreo en México.