Washington.– En medio de la creciente represión migratoria impulsada por la Administración Trump, dos niños ciudadanos estadounidenses, de 4 y 7 años, fueron deportados junto con su madre a Honduras la semana pasada, informaron los abogados de la familia.
El caso ha encendido nuevamente el debate sobre el trato a los migrantes y el respeto a los derechos constitucionales de los ciudadanos estadounidenses atrapados en procedimientos de deportación.
¿Qué ocurrió?
🚨 El viernes pasado, los dos niños fueron subidos a un vuelo rumbo a Honduras junto con su madre, quien no contaba con estatus migratorio legal.
Ese mismo día, en un caso separado, otra niña de 2 años, también ciudadana estadounidense, fue deportada con su madre embarazada y su hermano de 11 años.
Los abogados de ambas familias afirmaron que no se ofreció la opción a las madres de dejar a sus hijos en Estados Unidos antes de ser deportadas.
Salud en riesgo y controversia legal
Uno de los niños deportados, de 4 años de edad, padece un tipo raro de cáncer en etapa avanzada. Los defensores legales señalaron que el pequeño no tuvo acceso a medicamentos ni a atención médica adecuada mientras estuvo detenido junto a su madre y hermana.
El caso ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos, especialmente por el impacto en la salud y bienestar de los menores.
Un juez federal en Luisiana también expresó su preocupación por la deportación de la niña de 2 años en contra de la voluntad de su padre ciudadano estadounidense, quien permanece en el país.
Reacción de la Administración Trump
👤 Tom Homan, zar fronterizo de Trump, negó que se haya deportado a niños ciudadanos estadounidenses en contra de su voluntad, asegurando que las madres decidieron voluntariamente llevarse a sus hijos.
Por su parte, el Secretario de Estado Marco Rubio defendió las acciones de migración, afirmando que “los niños pueden regresar” a EE.UU. si algún familiar o tutor legal lo solicita.
Sin embargo, organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el Proyecto Nacional de Inmigración condenaron las acciones, calificándolas de “horribles y desconcertantes”.
