En los próximos días, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) evaluará las acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra de las reformas de 2020 a la Ley Federal de Derechos de Autor (LFDA) y el Código Penal Federal (CPF).
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) alertó sobre sus posibles implicaciones para los derechos humanos en México, y la falta de transparencia sobre el proyecto que será discutido por los ministros.
R3D afirma que las reformas desafiadas contienen disposiciones que son contrarias al derecho a la libertad de expresión, ya que establecen un mecanismo extrajudicial de censura previa conocido como “notificación y retirada”.
Este mecanismo obliga a los proveedores de servicios de Internet a eliminar cualquier contenido señalado por presunta violación de derechos de autor, sin necesidad de presentar pruebas de la infracción y sin la intervención de una autoridad administrativa o judicial.
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La Red plantea que, aunque existe un sistema de contra-aviso para restaurar el material removido, este es ineficaz porque el contenido permanece censurado al menos 15 días hábiles, afectando gravemente el derecho a la libertad de expresión.
La organización destaca que este mecanismo ya ha sido utilizado para censurar contenido de interés público, incluyendo las conferencias matutinas del Presidente López Obrador en la plataforma YouTube.
“Incluso en México, la propia vocería del Ejecutivo federal ha identificado el abuso de este sistema como ‘una estrategia de censura’ para remover las conferencias matutinas del Presidente de la plataforma YouTube”, asegura.
Además, la SCJN discutirá la constitucionalidad de las prohibiciones y sanciones relacionadas con la elusión de medidas tecnológicas de protección (MTP), conocidas como candados digitales.
R3D señala que las reformas prohíben y sancionan la elusión de estas medidas de manera vaga y amplia, sin requerir una relación directa entre la elusión y la infracción de derechos de autor. Esto -según explica- afecta el ejercicio de derechos humanos y actividades legítimas no infractoras, como la modificación de formatos de libros electrónicos, la compatibilidad de dispositivos y periféricos, y la reparación de productos controlados por software.
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La Red enfatiza que la elusión de MTP es necesaria para una variedad de actividades legítimas, incluyendo la compatibilidad de impresoras con cartuchos de distintas marcas, el desbloqueo de teléfonos y la reparación de vehículos y otros aparatos electrónicos. Estas actividades son de interés público y, en muchos casos, están permitidas por excepciones y limitaciones a los derechos de autor incluidas en la propia ley.
“La decisión de estas acciones de inconstitucionalidad ponen en juego la libertad de expresión, la seguridad informática, la privacidad, el derecho a la propiedad y la economía de las personas usuarias de tecnología, la competencia y hasta el medio ambiente”, declaran.
Por ello, la organización solicita que el proyecto del ministro Javier Laynez se haga público para permitir una discusión abierta e informada sobre los riesgos para los derechos y la autonomía tecnológica de los usuarios en México.
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La Red afirma que la transparencia en este proceso es crucial, especialmente dado que la postura del ministro Laynez parece inclinarse hacia sostener la constitucionalidad de las reformas, según se ha observado en las recientes sesiones del Pleno de la SCJN.
