MÉXICO.– La reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales sin disminución salarial ha generado una fuerte respuesta del sector empresarial mexicano. Según una encuesta nacional realizada por Concanaco en mayo de 2025 a más de 1,200 empresarios, el 66.7% exige una reducción de impuestos como medida compensatoria urgente para implementar esta reforma sin afectar sus finanzas.
La encuesta, en la que el 90% de los participantes son dueños o socios principales, revela que un 67.2% no está de acuerdo con la reforma laboral debido al impacto directo que tendría en sus costos operativos y estructura organizacional.
El 71.4% de los encuestados prevé un aumento de costos, mientras que el 58.8% considera que tendrá que contratar más personal o reestructurar los turnos actuales para cumplir con la nueva jornada, lo que implica un reto especialmente severo para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
En ese contexto, también un 66.7% considera indispensable que el gobierno implemente deducciones fiscales o incentivos, a fin de evitar afectaciones graves a la rentabilidad, al empleo y a la productividad.
De acuerdo con los datos, el 42.5% de las empresas encuestadas tiene menos de 10 empleados, y un 31.4% cuenta con entre 11 y 50 trabajadores, lo que demuestra que el grueso del empresariado está compuesto por mipymes. Para estas, el impacto de la reforma puede ser considerable, ya que actualmente enfrentan una carga tributaria que puede absorber hasta el 50% de sus ingresos, incluyendo ISR, IVA, impuesto sobre nómina, cuotas al IMSS e Infonavit.
Los sectores más representados en la encuesta fueron:
Comercio minorista (18.15%)
Servicios de alimentos y bebidas (15.47%)
Servicios administrativos, contables y legales (9.16%)
Servicios de salud y bienestar (8.13%)
Educación (7.34%)
Industria y manufactura (6.55%)
Chihuahua fue el estado con mayor participación (13.3%), seguido por Campeche (9.3%), Tamaulipas (9.1%) y Sinaloa (5.5%). Este último registró mayormente microempresas dedicadas al comercio, alimentos y construcción, sectores que reconocen el reto operativo, aunque también muestran apertura al cambio siempre que exista respaldo gubernamental.
Aunque solo un 18.28% de los empresarios cree que la reforma podría tener un efecto positivo, la mayoría coincide en que deben implementarse políticas públicas viables, escalonadas y ajustadas a la realidad económica de cada tipo de empresa.
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